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El presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), se ha mostrado contrario a que gobiernos y parlamentos adopten normas para enfrentarse a las noticias falsas, «porque cada vez que regulan la libertad de expresión y el derecho de información es para limitarlos». Así lo ha manifestado  en la conferencia inaugural de la XX Jornada de Gestión de la Información organizada por la Sociedad Española de Información Científica (SEDIC), cuya primera sesión se ha celebrado esta mañana en la Biblioteca Nacional. En ese sentido, Nemesio Rodríguez ha puesto como ejemplo la «ley mordaza» vigente en España, sin olvidar que en otros países la situación es mucho peor, como ha demostrado el caso Khashoggi o los asesinatos de 75 periodistas en lo que va de año, crímenes que en más del 90% quedan impunes.

Lo más grave de la estrategia para silenciar a los medios, ha dicho, es la actitud de aquellos líderes que, en lugar de cumplir su obligación de garantizar la seguridad de los periodistas, alientan su persecución. «La estrategia de colocar a los ciudadanos en contra de la prensa libre, socava la democracia». De ahí que el hecho de que le estén saliendo imitadores a Trump, como, por ejemplo, el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, anticipa malos tiempos para el acceso a la información veraz, para la transparencia y para que los poderes «rindan cuentas».

El presidente de la FAPE ha asegurado que los gobernantes deberían dejar de mentir  y ha recordado que una comunidad que toma sus decisiones basándose en las mentiras que le cuentan los que nunca deberían de engañarla no tiene ninguna posibilidad de acertar. Falsas noticias, bulos, rumores, promesas falsas o eufemismos perjudican sobre todo a los ciudadanos, que ven reducida su posibilidad de formarse una opinión sustentada en datos veraces. «La mentira no les permite actuar en libertad».

Para Rodríguez, el periodismo de calidad es la única alternativa para derrotar las noticias falsas, recuperar el prestigio y la credibilidad del sector y la confianza de los ciudadanos, pero para ejercerlo los medios tienen que reforzar las redacciones y pagar a los periodistas un salario que les permita montar un proyecto de vida y, «por desgracia, en España no estamos en esa situación. Domina la precariedad».

Nemesio Rodríguez ha explicado que la revolución digital ha supuesto más incertidumbres que certezas a un sector periodístico que se pregunta cómo se podrán financiar los medios, tanto impresos como digitales, con la publicidad, cuando el 90% de los ingresos por esa vía los acaparan las redes sociales. Un problema complejo porque «en la pelea por captar la atención, los periodistas nunca debemos ceder a la banalización, el espectáculo o a las noticias basura».

Otra premisa que ha considerado vital para lograr un periodismo de calidad es que el periodista imponga un criterio noticioso que acabe con el mal de los titulares engañosos que buscan el clic con un atractivo sensacionalista o escandalosos. «Esta moda de los titulares para atraer la atención está causando mucho daño a la credibilidad del periodismo».

Durante su intervención, el presidente de la FAPE ha señalado también como un factor que debilita la transparencia y la obligación de rendir cuentas en España la escasa disponibilidad de nuestros políticos a ofrecer ruedas de prensa. «Implantaron las ruedas de prensa sin preguntas, las declaraciones institucionales sin derecho a preguntas, las comparecencias ante los periodistas a través de un televisor de plasma, la distribución de declaraciones grabadas por canales oficiales, la prohibición de las cámaras en los mítines.  En fin, toda una gama de recursos para limitar severamente el derecho de los ciudadanos a estar debidamente informados», ha recordado.

Pese a todo, Nemesio Rodríguez se ha felicitado porque hace cinco años que España dejó de ser el único país de Europa con más de un millón de habitantes que no disponía de una Ley de Transparencia, aunque la ha calificado de imperfecta, con excesivas restricciones y con un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con recursos y personal insuficientes para cumplir su misión, un problema que debilita el derecho de acceso a la información. «Nuestros políticos saben que la independencia se puede acortar de muchas maneras», ha concluido.